Articulisa Invitado
Hector Yunes

Ante el frenesí desmedido del Presidente por conservar el control de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Instituto Nacional Electoral (INE) se han convertido en la última frontera antes de arribar al pretendido presidencialismo imperial que Morena intenta imponer a los mexicanos.

 

En salud las cifras desnudan la tragedia. México es el segundo país del mundo con el peor manejo de la pandemia, lo que ha provocado que hayamos superado la cifra de 250 mil personas fallecidas a causa del Covid-19. Además, la mala planeación de la jornada nacional de vacunación hizo que lleguemos al mes de mayo con cientos de doctores de hospitales públicos y privados en las calles, demandando ser vacunados.

 

 

Las cosas en seguridad no van mejor. Al cierre de abril se tiene el registro de 10 mil 271 homicidios en el país, con lo que ya suman 82 mil 292 durante la presente administración, más del doble que en el mismo periodo del gobierno anterior (39,446). En medio de esta violencia sin precedente, entre enero y marzo, 142 mujeres fueron declaradas víctimas de feminicidio en México de un total de 467 asesinadas, lo que significa que sólo 30% de esas muertes violentas se clasifican como tal. La gran mayoría de los casos siguen impunes.

 

En materia económica, en lo que va del año el país tiene un crecimiento de apenas el 0.4%, influenciado por los incrementos al gas LP y la gasolina. Al cierre de marzo, el gas de uso doméstico había subido un ¡45%! respecto a la última semana de diciembre; la gasolina Premium tuvo un aumento del 35 por ciento en el primer trimestre del año. El viernes, Estados Unidos oficializó el embargo contra el camarón mexicano, después de retirar la certificación a nuestro país.

 

Pero todo lo que pasa en el país poco importa. Hoy no hay otro tema en la agenda política del Presidente que no sean las elecciones. Lo que tendría que ser una competencia electoral libre y equitativa entre partidos políticos con el arbitraje de los organismos electorales, se ha convertido en el tema que ocupa todo el tiempo del gobierno federal. Las elecciones no son para acceder el poder sino que el poder se ejerce para ganar elecciones.

 

El gobierno está obsesionado por someter la autonomía de la Suprema Corte mediante la extensión del mandato de su presidente, el ministro Arturo Zaldívar, así como la extinción del Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en venganza por cumplir la ley en detrimento de su proyecto y de su partido.

 

Hace algunos meses, cuando el INE decidió no otorgar el registro al partido México Libre, promovido por el expresidente Felipe Calderón, López Obrador calificó como un triunfo de la democracia que reflejaba “la fuerza de la opinión pública” y la confirmación que el país vivía otros tiempos.

 

Meses después, se tomó la misma decisión –negar el registro- sobre los candidatos de Morena a los gobiernos de Guerrero y Michoacán, y es el jefe del Ejecutivo federal quien ha iniciado la cruzada que busca eliminar al Instituto Electoral y al Tribunal, debido a que “estos fueron creados para impedir la democracia en México” y que su resolución resultaba “un golpe y una provocación a la incipiente democracia mexicana”, por lo que propuso que sus funciones pasen a formar parte del Poder Judicial.

 

La extensión del mandato del presidente de la Suprema Corte es inconstitucional. Lo saben el Presidente, el propio ministro y quienes integran el máximo tribunal del país, por ello se intenta imponer un criterio moralina para justificar la violación constitucional: “si no se aprueba que el ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, amplíe su periodo para emprender reformas al Poder Judicial, se corre el riesgo de que siga la corrupción de jueces y magistrados”.

 

De paso, se ha cuestionado la honorabilidad de ministros y jueces, al asegurar que quienes se opongan a la extensión de mandato son cómplices de la corrupción. Su amplia carrera judicial, la experiencia, prestigio profesional y su observancia estricta de la ley, ahora están determinadas con votar a favor o en contra de los intereses del Presidente.

 

Lo mismo pasa en el INE. Atrás quedaron los procesos electorales que dieron paso a la alternancia en el poder –incluida la llegada de López Obrador a la Presidencia de la República- y garantizaron la transición democrática. Hoy el Instituto es estigmatizado por Morena, un partido político que no ha sido capaz de realizar un proceso interno para elegir a sus dirigentes de manera democrática y legítima.

 

El actual proceso electoral no es el más grande e importante en la historia del país por la cantidad de cargos que estarán en disputa. Lo es porque de sus resultados depende el futuro de estas instituciones. Podría ser la última oportunidad de garantizar la autonomía de la Suprema Corte y tener un organismo electoral verdaderamente independiente y no al servicio del Presidente.

 

Hoy la Suprema Corte de Justicia y el Instituto Nacional Electoral tendrán que imponer un muro fronterizo para proteger el verdadero Estado de Derecho.

 

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