Reportaje
Hector Yunes Landa

Por muchos años Juan Antonio Ferrer Aguilar se dedicó a investigar nuestros orígenes.

 

En distintas etapas, lugares y encargos, trabajó para el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) donde se desempeñó como director de varias zonas arqueológicas del país, teniendo como su principal tarea la de conservar y proteger el patrimonio prehistórico, arqueológico, antropológico, histórico del país. En Veracruz hay quien lo recuerda como director de la zona arqueológica del Tajín.

 

La trayectoria política y administrativa de Ferrer Aguilar muestra una razón emblemática por la que el Insabi está convertido en un caos, el por qué se trata del mayor timo en la historia de la salud pública en México y el desafiante desprecio del gobierno de MORENA por la salud de 60 millones es mexicanos que carecen de seguridad social.

 

Con el inicio del año, entró en operación el nuevo Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) que viene a sustituir a lo que se había convertido en la columna vertebral de los servicios de salud en México: el Seguro Popular. Según ha ofrecido el Presidente de la República, las personas sin seguridad social recibirán atención médica –incluidos tratamientos y cirugías- así como medicamentos gratuitos sin restricciones, pues ya no necesitarán afiliarse ni pagar cuotas anuales para ser atendidos en todas las clínicas y hospitales públicos del país.

 

Sin embargo, lo dicho por el mandatario contrasta con la decisión de la Secretaría de Salud, misma que aclaró que la atención gratuita a todas las personas sólo será para los servicios médicos de primer y segundo nivel de atención, ya que “los Institutos Nacionales de Salud y hospitales federales están sujetos a obtener cuotas de recuperación para la prestación de servicios de tercer nivel”. ¿La Secretaría de Salud engañó al Presidente o el Presidente engañó a los mexicanos?

 

Actualmente, la Ley General de Salud señala que "todas las personas que se encuentren en el país que no cuenten con seguridad social tienen derecho a recibir de forma gratuita la prestación de servicios públicos de salud, medicamentos y demás insumos asociados, al momento de requerir la atención, de conformidad con el artículo cuarto de la Constitución, sin importar su condición social".

 

La realidad es otra: denuncias por cobros de medicinas para tratamientos de cáncer, pacientes que pagan hasta 5 mil pesos por atención que debería ser gratuita, y al menos ocho estados -Aguascalientes, Tamaulipas, Querétaro, Durango, Baja California Sur, Nayarit, Guanajuato y Quintana Roo- que se niegan a firmar el convenio para desaparecer el Seguro Popular.

 

Apenas la semana pasada, Rubí Gómez González y su esposo buscaban que las autoridades del Hospital General de México le entregaran a su hijo quien murió a los seis días de nacido. La institución exigía 13 mil pesos para liquidar la cuenta y devolver el cuerpo de su pequeño. Casos así se multiplican a lo largo del país, donde se cobra a pesar de la pésima atención médica prestada. El nuevo Instituto de la Salud nació con malformaciones que lo mantienen en terapia intensiva.

 

El problema no sólo es que están cobrando discrecionalmente lo que la nueva ley obliga que sea gratuito. El Insabi carece de reglas de operación, médicos y pacientes no tienen información sobre derechos y obligaciones, por lo que el cruce de órdenes en los hospitales y la falta de lineamientos para la atención de los pacientes han provocado que la operación del nuevo Instituto sea un desorden absoluto.

 

Además, el Insabi pretende garantizar el acceso universal a la salud con menos recursos, con desabasto de medicinas y con disminución de personal. Padres de niños con cáncer han tenido que salir a las calles por falta de medicinas, mientras que cientos de trabajadores del Seguro Popular han sido despedidos.

 

Este año, para el Insabi se proyectó la asignación de 40 mil millones de pesos, dinero proveniente del Fondo de Gastos Catastróficos del Seguro Popular, pero esta fuente de financiamiento no es recurrente, es un fondo que se va a poder usar sólo una vez. De hecho, el Centro de Investigación Económica publicó un documento donde señala que el Insabi podría costar desde 162 mil millones de pesos, en el escenario más conservador, hasta más de 900 mil millones.

 

Una semana después de entrar en operación, el Insabi ha mostrado ser una versión muy “patito” del Seguro Popular –el esquema de atención médica y cobro de servicios es prácticamente el mismo-. Parafraseando al Presidente, el Insabi no es instituto, tampoco garantiza la salud ni el bienestar.