ARTICULISTA INVITADO
HECTOR YUNES LANDA

El mismo avión de la insensatez y terquedad que fue por Evo Morales ahora traerá otro invitado de la Td4 -transformación de cuarta- que pretende permanecer en nuestro país, al menos el resto de este sexenio: el cataclismo financiero.

 

La aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2020 es una diáfana radiografía de lo que hoy pasa en México: la economía está al borde del precipicio, como asegura Carlos Urzúa, el exsecretario de Hacienda del gobierno de López Obrador.

 

En lo político, representa el fracaso del diálogo y la negociación, imponiéndose una mayoría legislativa que se refugia en la madrugada y en una sede alterna a San Lázaro para complacer al Presidente. En lo económico, significa la materialización de un proyecto personal que no lucha por combatir la pobreza y reactivar una economía en recesión, sino para crear una base electoral sostenida con recursos públicos.

 

Si quisiéramos definir la naturaleza del presupuesto que ejercerá el gobierno el próximo año, lo que primero nos debemos preguntar es: ¿primero los pobres? o ¿primero los votos? El Presidente engaña con lo primero para obtener lo segundo.

 

No se trata sólo de una redistribución irresponsable para repartir más dinero a través de programas sociales en detrimento del gasto productivo y la inversión pública, sino que materializa el ataque artero en contra de los organismos autónomos que sirven de contrapeso al Presidente.

 

Como nunca, hoy el Presupuesto del país está a disposición del Presidente y no del gobierno y sus instituciones. No se busca erradicar la pobreza sino aprovecharse de ella. Tampoco se pretende alcanzar la estabilidad económica ya que la proyección de crecimiento es incluso menor a la del año pasado. Habrá más deuda pública, menos inversión, menos empleo y tampoco se cumplirán las promesas de reducir el precio de la gasolina y de la energía eléctrica.

 

Durante su primer año de gobierno, López Obrador desapareció los programas sociales más importantes como Prospera, el Seguro Popular o las Estancias Infantiles. También borró de la nómina de gobierno a los Pueblos Mágicos, los programas de apoyo al campo y acciones de salud tan importantes como la Prevención y el Control del Cáncer de la Mujer.

 

Ahora pretende, por la vía de la reducción de su presupuesto, debilitar a las instituciones que no dependen del Poder Ejecutivo, es decir, que no están bajo las órdenes del Presidente.

 

Cómo explicar por ejemplo, tras el año más violento del que se tenga registro, una reducción de más de 1 mil 500 millones de pesos –equivalente al 8.2%- a la Fiscalía General de la República (FGR). O quitarle al Instituto Nacional Electoral (INE) más de mil 071 millones de pesos –el 6 por ciento de su presupuesto- justo en el año que inicia el proceso electoral más grande de la historia del país, en el que las 32 entidades federativas tendrán comicios, además de la renovación de la Cámara de Diputados.

 

Además del recorte a la Fiscalía, también se aprobaron reducciones presupuestales muy importantes al Poder Judicial, entre las que están considerados la Suprema Corte, el Consejo de la Judicatura y el Tribunal Electoral. Así también, estados y municipios serán sometidos mediante un recorte muy importante en sus participaciones.

 

El presupuesto está hecho a imagen y semejanza del Presidente, bajo la lógica de un populismo demagogo que no cree en la justicia, en la democracia ni en el federalismo. Los resultados ya están a la vista en Tabasco, tierra natal del Presidente, que cerrará el año con un crecimiento negativo del 10 por ciento.

 

Por ello la lectura económica es aun más preocupante. El gobierno tendrá el presupuesto más grande de la historia –la mayoría de Morena aprobó al Presidente un total de 6 billones 107 mil 732 millones de pesos, con uno de los porcentajes de inversión en infraestructura más bajos. Más allá de los caprichosos proyectos del aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas, el país tendrá una parálisis en la construcción de carreteras, hospitales, escuelas y obra pública para el desarrollo urbano.

 

Y mientras el asistencialismo se regodea con una Secretaría del Bienestar que contará con 181 mil millones de pesos para operar los programas sociales, las áreas estratégicas del sector productivo tendrán un recorte muy importante, como es el caso del transporte (-35%), el turismo (-44%) y el sector agropecuario (-28%).

 

El Presupuesto apunta a una realidad incuestionable: el país no crecerá, el gobierno aumentará su gasto y será en la deuda pública donde encuentre los recursos que le hacen falta.

 

Ojalá y ese avión que trajo a Evo y que ahora trae como pasajero al cataclismo financiero, se caiga. No importa que no tenga motivos mecánicos para ello, en este gobierno, la investigación de las causas de este tipo de accidentes no forman parte de su catálogo de prioridades.

 

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