PLANA MAYOR
Gaudencio García  Rivera

 

Veracruz es una catástrofe con el aparato de la administración y procuración de justicia. Cada vez que se registra una barbarie, secuestro, extorsión o un sonado crimen se evidencia la estrategia anticrimen.

La incapacidad, ineficiencia, complicidad aviesa, impunidad, omisión y comisión del gobierno morenista y del aparato de seguridad ha quedado descubierto, a flor de piel, con hechos violentos inusitados.

Ocurre cuando se registra un crimen múltiple, una desaparición forzada, un feminicidio o un atentado relevante, como ocurrió con el diputado local y líder campesino Juan Carlos Molina Palacios, el sábado 9 de noviembre, en Medellín de Bravo.

Un acto deleznable. Y un reproche unánime al gobierno cuasi cleptócrata del morenista Cuitláhuac García —un simulador, doble discurso y ‘engañabobos’—, porque le ha temblado la mano, el coxis y otra cosita más para realizar una depuración a fondo de los cuerpos policiales y mandos medios que están coludidos con el crimen organizado.

Homicidios como el del legislador Juan Carlos Molina, o del periodista Jorge Celestino Ruiz Vázquez, asesinado el sábado 3 de agosto de 2019 en la comunidad de La Bocanita, municipio de Actopan —no aclarado hasta la fecha—, o los 131 feminicidios que se registraron de enero a agosto del año en curso en Veracruz, según reporte del SNSP, no debían de ocurrir si el aparato de seguridad estuviera vacunado de las tentaciones de corrupción que ofrece el crimen organizado.

Pero es inadmisible que el estado de derecho continúe debilitándose, en franco deterioro, a 12 meses, a 1 año y 36 mil 512 horas del gobierno de Cuitláhuac García Jiménez. La curva del aprendizaje está costando ríos de sangre, estancamiento social y una recesión económica que ni el tótem o mesiánico AMLO ha podido frenar.

Veracruz no ha podido ni podrá superar la disfuncionalidad de las instituciones públicas —colapsadas por los gobiernos priistas y panistas—, mientras no cambie el discurso oficial cuitlahuista para atacar de fondo la corrupción hasta descabezar a las oligarquías que propiciaron la bancarrota de la entidad.

No sólo es saludable para el gobierno estatal —el aparato político dañado por la gangrena de la corrupción y sus secuelas patológicas— una ingeniería financiera y un nuevo acuerdo con el sistema bancario, si no hay voluntad suficiente para rescatar el quebranto patrimonial que causó a las arcas públicas el cínico y emulador de Nerón, Javier Duarte.

El daño causado por el Duartegate en su defenestrado sexenio provocó un fraude en conjunto por más de 55 mil millones de pesos, documentados por la Auditoría Superior de la Federación, que estamos pagando los contribuyentes, justos por pecadores.

Cuitláhuac García se ha visto lento, sin grandilocuencia, apático y mezquino para exigir a la Fiscalía General de la República que agilice las carpetas de investigación sobre el fraude maquinado que cometió a las arcas del Estado, Duarte y su cofradía.

En el obligado corte de caja, el morenista sale reprobado en la mayoría de los rubros de su gris gestión, con la excepción de la deuda pública donde logró una mejor tasa de la línea de créditos del sistema bancario, con el consecuente castigo de la falta de pagos a los proveedores en general.

En este epílogo, una muestra del deterioro del estado de derecho en el Veracruzlandia del salsero Cuitláhuac García, donde la muerte creó su nicho en la entidad. ¡La vida no vale nada!

  1. a) La lucha anticrimen en Veracruz es un fracaso. No hay una depuración de los cuadros policiales de la SSP. Los mandos medios que estuvieron con Javier Duarte y el panista Miguel Ángel Yunes Linares continúan enquistados. Los salarios a los policías son famélicos, comparados con los estándares que establece la ONU.
  2. b) El combate a la corrupción es cosmética. Los servidores públicos de los 3 poderes realizan licitaciones públicas a modo, bajo argucias legaloides. La comisión o “moche” continúa siendo la premisa para participar en licitaciones o agilizar el pago de adeudos a proveedores. Y
  3. c) El subejercicio del gobierno estatal, que en teoría es penado, es aberrante, grave y oprobioso en la mayoría de los programas sociales sin que la Secretaría de Hacienda sancione al góber morenista. El estancamiento social de Veracruz obedece en parte al subejercicio del presupuesto anual.

Si el crimen organizado echó raíces en la entidad, es porque la estrategia anticrimen que implantó en el país el mesías de Macuspana es disfuncional: se acabó la guerra contra el crimen organizado desde enero de 2019, ‘abrazos, no balazos’, ‘Guácala’ y ‘Fuchi’… y otras filosofías barrocas que han probado lo que el viento a Juárez.

Veracruz viene procedido del tobogán social y del tsunami político, pero con el gobierno morenista el desastre del tejido social y el lánguido estado de derecho, el devenir de los veracruzanos es sombrío y lacerante. ¡Que el GADU nos agarre confesados!

 

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