Articulista Invitado
Héctor Yunes Landa

Las ventas por catálogo representan un ingreso muy importante para millones de familias en México. La iniciativa del gobierno de Morena de aplicarles impuestos no representa una carga tributaria para las empresas, sino para millones de personas —mayoritariamente mujeres— que han encontrado en esta actividad una forma legítima de llevar un ingreso extra al hogar.

 

¿Quién no ha comprado, en cualquier oficina de gobierno o de alguna empresa, los más diversos productos de Avon, Andrea, Natura, Mary Kay, Jafra, Tupperware, Amway, Herbalife, entre otros? Se trata de un comercio legal que requiere de una gran inversión de tiempo y dinero para quien se dedica a ello. 

 

El gobierno federal —a través de la Secretaría de Hacienda— sólo está pensando en más contribuyentes y no el contexto social de quienes realizan esta actividad. Decir que son empresarias o empresarios es un eufemismo que no corresponde con la realidad.

 

Según los cálculos más mesurados, en el país unas 3 millones de personas son vendedoras por catálogo; si sumamos a sus dependientes familiares, estaríamos hablando de más de 15 millones de mexicanos que se benefician de esta forma de comercio. Con este modelo de negocio, México alcanza ventas por siete mil millones de dólares al año, con un crecimiento de 4.0% anual; sólo estados como Baja California Sur y Quintana Roo tienen este crecimiento.

 

No se trata de comerciantes opulentos que se resistan a la voracidad del Sistema de Administración Tributaria (SAT) para acumular riqueza. El 90% de las personas que venden por catálogo —amas de casa, madres solteras, jubilados, personas de la tercera edad en situación de abandono, jubilados con pensión insuficiente, entre otros— sufren una economía familiar quebrantada. Muchos de ellos también son trabajadores y trabajadoras con bajos ingresos, obligados a una actividad secundaria para completar el gasto del hogar.

 

Por supuesto que nadie podría abogar en favor de la informalidad o la evasión fiscal, sin embargo, incorporar a estos millones de mexicanos a una economía formal por la vía del pago de impuestos significaría aplicarles el ISR e IVA, lo que representa perder casi la mitad de sus ingresos.

 

El ajuste fiscal que propone Morena se refiere a permitir que los impuestos que tienen que pagar los vendedores por catálogo sean retenidos por aquellos con los que tienen una relación comercial, lo que podría representar una doble tributación, ya que las grandes empresas mencionadas ya han pagado el impuesto por la venta de estos productos a este eslabón de comercio que representan los minoristas o vendedores casa por casa.

 

Hay dudas que la propia Secretaría de Hacienda ha sido incapaz de responder. ¿Por qué deben pagar 35% de la venta final de un producto si no son parte de la cadena de producción y solamente un eslabón de comercialización? ¿Y por qué pagar IVA de 16%, si ellos solamente tienen un margen escaso —muchas veces menor al 10%— de beneficio?

 

Y hay un riesgo aún peor. Muchas de estas personas, por su propia condición económica, son beneficiarios de algunos de los programas sociales del gobierno federal. Si son incorporados a la economía formal, en automático perderán los beneficios que reciben, como es el caso de las pensiones como 70 y más, madres solteras, estudiantes, jóvenes construyendo el futuro o cualquiera de ellos.

 

El Estado se sacudiría de al menos dos millones de beneficiarios de programas sociales, y al mismo tiempo, los tendría ahora como contribuyentes.

 

Regalar el dinero a través de programas sociales está dejando al gobierno de la cuarta transformación sin dinero para atender enfermos, mejorar las escuelas, construir carreteras e impulsar la producción del campo, que es de donde todos comemos. Todos estos sectores están en crisis.

 

Ante la imposibilidad de sacar más dinero a las empresas —lo que provocaría su cierre y la pérdida de más empleos— el presidente López Obrador ha optado por incumplir su compromiso de no crear nuevos impuestos ni incrementar los ya existentes, sin importarle que éste en particular implica sacrificar la mermada economía de la clase media.

 

Será en el debate en el Congreso, durante la aprobación del paquete económico, donde Morena —ya como partido gobernante— siga mostrando su nueva cara, una muy diferente a la que dio en campaña desde la oposición.

 

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