Columna 33
Carlos Lucio Acosta

 

        

                   VERACRUZ (EUM).- El tema es más político que jurídico.

                   Tiene pizca de abierta y descarada complicidad institucional.

                   Leamos algunos de los puntos más concurrentes en este viejo libreto al más puro estilo jolibudense.

                   Javier Duarte de Ochoa está a unos pasos de alcanzar su libertad exculpado de los delitos federales de asociación delictuosa y lavado de dinero por más de 500 millones de pesos, que todavía lo mantienen a buen recaudo en cárcel de la Ciudad de México, como escriben los reporteros de la fuente policiaca.

                   El cuestionado exgobernador de Veracruz, después de abrir el pico y soltar la sopa sobre el desvío de dinero a la campaña de Enrique Peña Nieto en el 2012, puso en la mesa de caoba el número de maletas cargadas con pancles de billetes de alta denominación, extraídos del baúl de la secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), para contribuir con los gastos.

                   La flexibilidad colaboracionista del alumno más brillante del maestro Fidel Herrera Beltrán, agradó al actual presidente López Obrador.

                   No hubo necesidad de piquetes de ojo, pisadas de callo, toques eléctricos en las regiones corporales que usted imagina, introducción de agua mineral por las fosas nasales, cubrir la cabeza con bolsas de plástico, celda reducida, violaciones en el baño, misteriosas visitas “conyugales” a las tres de la mañana y otras maravillas de la moderna tortura penitenciaria.

                   Dio datos, cifras, fechas, montos, nombres, números de teléfonos fijos y móviles, lugares de entrega, claves, números de identificación personal y contactos, muchos contactos nacionales y extranjeros.

                   El gordito, valga la rasposa expresión, se bajó hasta los calcetines, tomando a cuenta las amplias libertades con que opera del interior de la celda al exterior del penal.

                   Vecino del abogado Juan Ramón Collado Mocelo, dueño del despacho Collado y Asociados y presidente del consejo de administración de la financiera Libertad, huésped del Reclusorio Norte por los presuntos delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y creador de empresas fantasmas.

                   Defendió a políticos involucrados en la Operación Zafiro, proyectada por Manlio Fabio Beltrones Rivera, entonces dirigente nacional del PRI, para formar empresas fantasmas mediante el desvío de 650 millones de pesos del presupuesto de nueve gobiernos estatales, entre ellos Veracruz, en campañas políticas del PRI en el 2016 (Proceso, 14.0719).

                   Y a todo esto, que tiene que ver el exgobernador Javier Duarte de Ochoa con el titular de la Fiscalía General del Estado, Jorge Winckler Ortíz?

                   Cuenta el respetable diputado federal Héctor Yunes Landa que por razones de partido y cuestiones legislativas visitaba al gobernador Duarte de Ochoa en Casa de Gobierno, con sede en la colonia 2 de Abril, pero por causas que ignora y supone, coincidía con el entonces diputado federal Cuitláhuac García Jiménez.

                   El sentido común y la malicia política, sugieren que García Jiménez recibía jugosos apoyos económicos para su campaña rumbo a la primera magistratura del estado.

                   Otras versiones de regular veracidad presumen que Cuitláhuac García no solo era financiado por Duarte de Ochoa, sino también actuaba como enlace de papel moneda del entonces candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, cumpliendo instrucciones especiales del enigmático excónsul del gobierno de los Estados Unidos Mexicanos en España, Fidel Herrera Beltrán.

                   La preocupación del inestable partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), radica en que si liberan a Duarte de Ochoa y en consecuencia exculpan por violaciones a la ley del fuero federal, sería detenido por delitos del fuero común tipificados por la Fiscalía General de Veracruz.

                   En territorio del fiscal Jorge Winckler Ortíz, el distinguido comensal en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, garantiza poner en claro las desapariciones forzadas de personas en retenes y en el área de asuntos internos de la secretaría de Seguridad Pública, en las cuales se acusa la participación directa e indirecta de policías, en base a recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

                   El caso Winckler Ortíz es simple pretexto para cubrir fechorías de Duarte de Ochoa y asociados.

                   La imagen del presidente Andrés Manuel López Obrador, está en juego.

                                                                                                                 

                  

                   Sólo para tus ojos . . .

 

                   Los veinte colectivos que operan en la entidad registran 278 casos de desapariciones forzadas, 156 fosas clandestinas, 300 cuerpos y 14 mil restos en 52 municipios, del 2018 al 2019, de acuerdo a investigaciones conjuntas con la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

 

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