Columna 33 
Carlos Lucio Acosta

                    VERACRUZ (EUM).-Las amenazas a periodistas críticos al servicio de los diferentes medios de comunicación social impresos, radiales, televisivos y de internet, cada vez son mucho más frecuentes y sobre todo directos.

                   Organismos extranjeros y nacionales de atención y protección a comunicadores, disponen de amplias investigaciones y documentados estudios relativos a identificar a los autores intelectuales y operativos de agresiones verbales, escritas o físicas.

                   En los trabajos divulgados por el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa, Similares y Actividades Conexas de la República Mexicana (SNR), de la Fundación Manuel Buendía Tellezgirón y del Centro Nacional de Comunicación Social (CEN-COS), figuran ocho puntos rojos.

                   Entre los presuntos enemigos directos o indirectos de la libertad de expresión, destacan los tres niveles de la administración pública: los gobiernos federal, estatales y municipales, sindicatos, partidos políticos, asociaciones religiosas, cárteles del narcotráfico y delincuencia organizada.

                   La inclusión de las secretarías de la Defensa Nacional (SEDENA), de la Marina Armada (SEMAR), de la Policía Federal (PF), de las direcciones o secretarías de Seguridad Pública en las entidades federativas y de las policías municipales, despierta cierta desconfianza.

                   Las presunciones documentadas en informes mensuales, bimestrales, trimestrales, semestrales y anuales, tienen sustento. Leamos algunos de los casos más emblemáticos a la mano.

                   Uno, “Vamos a  sacudir el árbol y se van a caer muchas manzanas podridas…--anunció el exgobernador Javier Duarte de Ochoa, durante convivio con periodistas en la ciudad de Poza Rica con motivo de la celebración del Día de la Libertad de Prensa--. Solamente se van a ver afectados quienes de alguna u otra manera tienen una vinculación con estos grupos criminales”, amenazó el 30 de junio del 2015.

                   Dos, casi cuatro años después el periodista Jorge Ramos Ávalos, colaborador del diario mexicano Reforma y conductor de noticias de la cadena televisiva estadounidense Univisión, incomodó al presidente Andrés Manuel López Obrador al preguntar sobre el aumento de asesinatos en el país, el cual, de acuerdo a datos oficiales asciende a ocho mil 524 en los meses de enero, febrero, marzo y abril del 2019 (El Universal), 13.abril.2019).

                   Tres, en una de sus habituales conferencias de prensa mañaneras, el jefe del ejecutivo federal subió el telón con reconocimiento a los periodistas “prudentes” y luego remató con una advertencia de cuidado: “Si ustedes se pasan, pues ya saben, ¿no?...pero no soy yo, es la gente, no es conmigo, es con los ciudadanos que ya no son imaginarios; hay mucha inteligencia en nuestro pueblo…”.

                   Cuatro, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), congeló cuatro cuentas bancarias  a la empresa Piña Digital, S. de R.L., productora del documental “Populismo en América Latina” utilizado en contra de López Obrador durante su campaña en busca de la presidencia de la República.

                   Inteligencia Financiera presume que el trabajo se realizó con recursos de procedencia ilícita. Sin embargo, la investigación preliminar señala que el Consejo Mexicano de Negocios (CMN), pagó 96 millones de pesos a la consultoría Conaxis, la cual dio 18 millones de pesos a la empresa Piña Digital por elaborar el documental.

                   Conaxis—de acuerdo a datos estadísticos—entregó 34 millones de pesos a la intermediaria Martha Mejía Montes, quien dio ocho millones de pesos al exdirectivo de la empresa Televisa, Alejandro Quintero (Reforma, 20.abril.2019).

                   Cinco, la profesora normalista de educación primaria Gloria Sánchez Hernández, secretaria de la Comisión de Recursos Hidráulicos en el senado de la república, acusó que “…los medios de comunicación están magnificando el drama en el caso de la masacre de Minatitlán, Veracruz, en la que perdieron la vida 14 personas, el cual favorece el golpeteo hacia el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (El Universal, 22.abril.2019).

                   Seis, el entonces candidato del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) a la presidencia de la república, Andrés Manuel López Obrador, garantizó que “habrá plena libertad de expresión, nunca más, con argucias o pretextos, desde el poder, se cancelarán programas como el de José Gutierrez Vivó y el de Carmen Aristegui Flores…Nadie será censurado o perseguido por su manera de pensar, haremos valer el derecho a disentir: en otras palabras, marcaremos la diferencia, en los hechos, entre autoritarismo y democracia” (www.proceso.com.mx, 10.noviembre.2016).

                   La preocupación parte de dos datos de peso completo.

                   El gobierno de Javier Duarte de Ochoa (2010-2016), registró 17 asesinatos y tres desapariciones de periodistas en activo, en base a informes de la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas (CEAPP) y en la administración de Andrés Manuel López Obrador (de diciembre del 2018 a los meses de enero, febrero, marzo y abril del 2019), suma el asesinato de seis periodistas en pleno ejercicio de su profesión, de acuerdo a datos aportados por la subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, de la secretaría de Gobernación (SEGOB).

                   La duda se calienta cuando se echa mano de las coincidencias en los informes relativos a que el mayor número de agresiones contra comunicadores en el país, proviene de servidores públicos y el 99.13 por ciento de los delitos quedan impunes.

                   ¿Advertencia de López Obrador? ¿ajuste de cuentas? ¿cambio en la política de comunicación social de la presidencia de la república? ¿terminó el perdón y el olvido? ¿agoniza la reconciliación nacional? ¿principia la mano dura? ¿vientos de cambio al ejercicio de la libertad de expresión?

                   Esto no se produce en denuncia anticipada, sino que el hablar en público y cadena nacional, puede despertar reacciones violentas en la población simpatizante con las ideas manejadas por el jefe del ejecutivo federal.

                   He allí, el meollo del asunto.

                                                                                                                 

                  

                   Sólo para tus ojos . . . 

 

                   ¿Qué ruta tomarán las diferencias de la ingeniera petroquímica Norma Rocío Nahle García, secretaria de Energía con el ingeniero agrónomo Octavio Romero Oropeza, director general de Petróleos Mexicanos (PEMEX)?

 

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